Según un estudio realizado por Intrum en España, casi el 70% de los negocios está cada vez más apretado en su capacidad para pagar a tiempo a sus proveedores. Este retraso es una realidad económica en la que el 66% de las empresas culpa a la morosidad de sus propios clientes de la falta de liquidez necesaria para pagar sus facturas. Esta cadena de impagos se convierte en un efecto dominó que impacta de lleno en quienes menos recursos tienen para sostener la situación: pymes y autónomos.
La mayoría de estas pequeñas empresas se ven atrapadas en una especie de círculo vicioso. El 64% de las facturas emitidas por autónomos no se pagan a tiempo debido a los incumplimientos de los plazos legales de sus clientes. Esto no solo frena su capacidad de crecimiento, sino que también erosiona su estabilidad económica. En términos comparativos, España sería, junto a Eslovenia (69%), Irlanda (67%) y Portugal (66%), uno de los países con mayor proporción de organizaciones con problemas para afrontar los pagos a proveedores a tiempo. En el otro extremo estarían Austria (52%), República Checa (50%), Croacia (50%), Dinamarca (47%) y Bélgica (46%) como los cinco territorios con menor porcentaje de empresas en esta situación.
¿Puede la facturación electrónica convertirse en un salvavidas?
Se van dando pasos poco a poco. Hoy entró en vigor la Ley "Verifactu" que supone una obligación para que las empresas y autónomos cuenten con un sistema para la creación de facturas y lucha contra los software de doble facturación.
Se van dando pasos poco a poco. Hoy entró en vigor la Ley "Verifactu" que supone una obligación para que las empresas y autónomos cuenten con un sistema para la creación de facturas y lucha contra los software de doble facturación.
En camino la ley "Crea y Crece" que regula la factura electrónica y va a suponer la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada donde la Agencia Tributaria tendrá la capacidad de monitorear en tiempo real los plazos de pago entre empresas. A través de un sistema de actualización de estados de facturación, las empresas deberán reportar si las facturas están pagadas, pendientes o en proceso de ser cobradas, todo ello en un plazo de cuatro días. Este nuevo marco, que entrará en vigor progresivamente a partir de la aprobación del reglamento, tiene como objetivo reducir la morosidad y, en el largo plazo, facilitar un flujo de caja más estable para empresas de todos los tamaños.
Desde luego, la ya aprobación de "Verifactu" obligando a la digitalización de la facturación es una herramienta que puede ayudar a ir implementando paso a paso todo el sistema de creación y seguimiento de facturas electrónicas. Sin embargo, la pregunta es si esta nueva normativa logrará generar una cultura de responsabilidad en el pago de facturas, especialmente en un país donde la morosidad está tan arraigada.
La factura electrónica podría ser la llave para asegurar pagos puntuales, aunque probablemente solo funcionará si va acompañada de un cambio de mentalidad en el ecosistema empresarial. Es una oportunidad para mejorar la transparencia y compromiso en los pagos, pero que requerirá tiempo, esfuerzo y colaboración para lograr un impacto real.
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